EDITORIAL

Vaca Muerta es un hueso duro de roer. Cada ola de inversiones se piensa como la exitosa, se ansía que esta vez se alcance la escala masiva. Tras los acuerdos impulsados por Mauricio Macri en los últimos meses esa era la meta, al menos. Lo cierto es que si bien hubo anuncios, seguramente no fueron los esperados.
La “normalización del mercado”, flexibilización laboral e incremento de transferencias hacia las empresas parece ser insuficiente. Los inversores, sean extranjeros o nacionales, siempre reclaman más condiciones. El problema ahora sería por la falta de competitividad: que lo que realmente se necesita es mayor inversión pública en infraestructura, dicen unos, que es muy costoso el entramado de corrupción entre empresarios, políticos y sindicalistas nacionales, dicen otros. Algunos llaman la atención de la creciente conflictividad social, que sindicatos estatales y municipios deberían dejar de poner palos en la rueda. El ex gobernador neuquino Jorge Sapag, manifestó que si van a rechazar el fracking, deberían dejar de cobrar sus sueldos o recibir coparticipación, punto en el que incluía también a la provincia de Entre Ríos, que prohibió la técnica en su territorio el 25 de abril.
Como el ex mandatario hizo un llamado al debate y sentimos que parece haber responsabilizado de forma exclusiva a trabajadores y municipios por el descalabro fiscal y productivo neuquino, queríamos hacer un pequeño comentario. En ese diagnóstico no debería olvidarse al MPN, el partido fundado por su familia y que gobierna hace casi sesenta años, como tampoco una centuria de explotación hidrocarburífera en la zona, donde en los últimos 20 años los privados acentuaron el agotamiento del recurso y la degradación ambiental, mientras las distintas gestiones miraban atentamente. Si la provincia en todos estos años no logró financiar y diversificar su matriz productiva, no son los municipios ni los empleados quienes tienen el mayor grado de responsabilidad. Al mismo tiempo, condenar los entramados corruptos nacionales sin responsabilizar a los actores corporativos en plena globalización neoliberal, también sería un poco reduccionista. Mensajes punitivos sobre los sectores con menor responsabilidad, que tampoco toman en cuenta marcos globales de crisis sistémica, como el agotamiento de recursos, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Más allá de esto, el lápiz se afina y ese oscuro objeto de deseo no logra consumarse. Bienvenidos los comentarios y hasta una nueva entrega.

ENGLISH

In this ninth edition of the EJES newsletter we point at how the national Government envisages a gas exporting scenario, regardless of the economic and environmental implications it might have in the region. We put the last YPF Board’s decisions under the magnifying glass, stressing that the company is departing from energy sovereignty and deepening its rentistic nature. In addition, we stop to look at the increasing labor conflicts unfolding together with the collective agreement negotiations, presented as a way to secure “social peace” while they deregulate labor practices. The high water consumption of unconventionals is also examined in this issue. Finally, we wonder what lies behind Schlumberger Oilfield Eastern Ltd, the subsidiary that signed the agreement for shale exploitation in the Bandurria Sur area, adjacent to northern Loma Campana, where YPF-Chevron are exploiting the same type of resource.

La gobernabilidad del megaproyecto Vaca Muerta es flexible y crecientemente global, condición por la cual los actores ven su viabilidad.Por un lado, un esquema que no necesariamente hable de operaciones exclusivas sobre la proximidad, sino que puedan dirigir sus acciones a miles de kilómetros. Tal método de reducción de costos demostró Shell al comandar una perforación desde Canadá. Por otro, a partir de la internalización e inserción en cadenas de valor global.
En este sentido, a 2025, uno de los escenarios que el gobierno nacional baraja es obtener saldos exportables de gas. Este resultado se lograría de reducir el aumento de demanda proyectada (conservación y eficiencia energética), diversificación de fuentes (incremento de renovables y nuclear sobretodo) y un sostenido aumento de la oferta de no convencional (57%), factor que reemplaza al declinante convencional. Este último hecho se produce por un mayor cúmulo de inversiones (US$ 55 mil millones total), al que se arribará, según estima el informe, por las señales de precios y el empuje hacia el gas como “combustible puente” gracias al Acuerdo de París, entre otras cuestiones.
En vistas de este fenómeno, diversos planes de infraestructura público-privado se interconectan y buscan asegurar la salida, tanto sea por ductos como por proyectos de GNL en el Cono Sur (Bahía Blanca, Argentina; Talcahuano, Chile; Montevideo, Uruguay). En los tres casos, organizaciones vienen denunciando las implicancias económicas y ambientales en las regiones.

Según los anuncios del sector, la segunda ola del proyecto extractivo hidrocarburífero ha comenzado. Una de las razones del mismo es el acuerdo alcanzado con la conducción sindical petrolera, que introdujo una adenda al convenio colectivo de trabajo para regular la actividad no convencional y garantizar “paz social”.

A través de la asamblea de Directorio, el 28 de abril se aprobaron los lineamientos de la política de YPF S.A para el 2017. Las decisiones profundizan el perfil rentístico en detrimento de la soberanía energética, políticas que se profundizan con las cesiones de participaciones de áreas que YPF considera secundarias.
En primer lugar, se propone distribuir dividendos por $716 millones. Es importante tener en cuenta que la empresa en el año 2016 dio pérdidas por $28.231 millones, ergo no existirían ganancias a distribuir. Por esta razón debieron liquidar una reserva contable del año 2013. En este punto, no es menor que la mayoría del 49% de los accionistas privados son fondos de inversión y muchos radicados en Delaware (EE.UU.), considerado un paraíso fiscal.
Además, determina el pago por $122 millones a los directores de YPF S.A. Entre ellos, encontramos a ex CEOs como Roberto Monti, asesores de las empresas petroleras como Daniel Montamat, a Emilio Apud, ex secretario de Energía durante la gestión de Fernando de la Rúa, y al ex colaborador de los carapintadas y familiar del gabinete, Octavio Frigerio. Por otro lado, la empresa sigue con la compra de acciones propias por $100 millones ¿Para qué? Para otorgarlas a los ejecutivos a modo de programa estímulo con el supuesto fin de mejorar la performance de la empresa.
Por último, por primera vez desde la estatización, YPF no ha constituido una reserva de inversión para destinarla a incrementar la producción de hidrocarburos.

Los sectores que promueven el fracking afirman que la demanda de agua requerida es insignificante y que tanto la demanda futura como el acceso o competencia son una falsa preocupación.

Con el fin de explotar shale oil en el área de Bandurria Sur, el 12 de abril se anunció un acuerdo de inversión entre la empresa multinacional de servicios petroleros Schlumberger e YPF, por un monto de US$ 390 millones. Dicha área es lindera al norte de Loma Campana, donde Chevron e YPF explotan el mismo tipo de recurso.

Primera base de datos que muestra los efectos del fracking en la salud. Proyecto de salud ambiental del suroeste de Pensilvania.

Megaproyecto Vaca Muerta. Informe de externalidades

Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica. Oilwatch Latinoamérica.