EDITORIAL

Insistir con que Vaca Muerta es un megaproyecto no es un capricho. Ni un ejercicio intelectual abstracto. Es un diagnóstico político para resistir. Una herramienta más para lograr poner freno a la avanzada en nuestros territorios -de un proceso que parece desordenado y caótico, pero no lo es- y a los actores público-privados en constante mutación y plena organización -esos que activan y desactivan los múltiples nodos de la red infraestructural y jurídica transnacional, esos que nos dejan sin acceso a derechos básicos por tarifazos, deuda y saqueo de territorios y cuentas públicas.
Porque lo que nos “impacta" no son los errores, accidentes o desvíos fiscales. Lo que degrada nuestro ámbito de vida es el propio funcionamiento del megaproyecto, sus inmanentes efectos nocivos que campañas publicitarias y promesas de abundancia no logran ocultar. Es justamente esa misma falta de legitimidad la que refuerza una y otra vez ataques comunicacionales y policíacos. Una inefectividad del megaproyecto que no es otra cosa que fragilidad. Hecho que se suma a la visible en su mismo diseño, escala y concepción. Porque si hay algo que aprendimos del entramado es que necesita que sus múltiples puntos avancen de forma paralela y se refuercen entre sí, que si uno cae, daña inexorablemente al conjunto. Ahí su debilidad; ahí nuestra fuerza.
El mes de junio nos encuentra entonces en pleno debate y organización. Estamos a días de haber concretado las Jornadas Internacionales Megaproyecto Vaca Muerta: el fracking y sus consecuencias y el Encuentro Socioambiental de Resistencia. Una nueva excusa para alertar, compartir y recrear colectivamente; puntos que volcamos entre numerosas organizaciones en la Declaración de Vista Alegre. Puntos poco sencillos. Porque Vaca Muerta demuestra que a la par que frenamos el avance, también debemos impulsar una transición. Que su imbricación con el modelo societal argentino es alto. Que es necesario un cambio de matriz energética y productiva, relacional entre humanos y no-humanos. Y por eso la importancia del encuentro desde múltiples territorios y miradas, nacionales e internacionales. Porque un segundo punto que vemos en estos procesos es que no estamos solos. Que muchísimas compañeras y compañeros desde diversas latitudes y ángulos batallan hace décadas contra los mismos enemigos. Que avanzamos, a pesar de que digan lo contrario. Hasta un nuevo envío.

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The experience of the “International Forum on the Vaca Muerta Megaproject: Fracking and its Consequences" held in Buenos Aires and Neuquén on July 14th-16th permeates the tenth issue of EJES Newsletter. With regards to the groups affected by fracking, we highlight the organizing efforts of the Mapuche communities that are demanding remediation from YPF, and denouncing the presence of the national gendarmerie in their territories. We also list the complaints and legal cases brought against YPF for violations of environmental regulations. We provide as well a financial analysis of Metrogas to account for the shift in economic policies for the sector, which led to increased corporate profits to the detriment of the citizens’ right to energy. Finally, we claim that fracking is setting foot in Santa Cruz province in a weak context, where costs and alternatives are not taken into account.

Vaca Muerta es un “modelo a replicar" ante situaciones de “crisis". O al menos así lo entiende el gobierno nacional. En junio de este año se iniciaron discusiones entre el gobierno nacional, santacruceño, el sindicato petrolero y las empresas (CGC, Enap-Sipetrol, Roch) para conformar una mesa provincial. La misma busca apuntalar los desarrollos en la Cuenca Golfo San Jorge y la Austral, tercera y segunda respectivamente en potencia no convencional detrás de la Neuquina. En la prensa se manifestó que se quiere replicar los dos pilares que lograron ciertos avances en Vaca Muerta al reducir costos: precios subsidiados de gas y flexibilización del convenio colectivo de trabajo.
Los acuerdos tienen como objetivo dar seguimiento a la primer oleada de exploración no convencional, registrada desde 2012 hasta la caída de los precios de petróleo en 2014. A principios de 2017, la china Sinopec ya había anunciado un pozo de fracking para shale al norte de la provincia, como parte de la Cuenca Golfo San Jorge. Por su parte, CGC, brazo petrolero del empresario argentino Eduardo Eurnekian, apuntó a la cuenca Austral y perforó su primer pozo horizontal con mira al tight gas en el sur de la provincia, cerca de Río Gallegos. En la misma zona, áreas vecinas están siendo disputadas por CGC, YPF Y Enap a partir de la reversión sobre concesiones pertenecientes a Cristóbal López. A la par de estos esfuerzos nacionales, la estatal chilena Enap-Sipetrol hace algunos años viene explotando pozos no convencionales en la parte vecina de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
La novedad de la oleada santacruceña es que confluye con la reciente declaración de “Emergencia Hidrocarburífera". Anunciada hasta fin de año por parte de la legislatura provincial, la medida fue apoyada de forma unánime por los distintos bloques para paliar la realidad crítica del sector, que tiene a YPF como jugador central. La norma establece que “las empresas deben estar al servicio de la sociedad", por lo que se prohíben los despidos, se controlarán los compromisos de inversión de las empresas y se revisarán cuestiones ambientales, entre otras responsabilidades del flamante Consejo Provincial Hidrocarburífero (constituido por provincia, sindicatos y empresas). Como respuesta, trascendió en prensa que YPF presentó un plan para reactivar áreas al tiempo que se discuten regalías y convenio colectivo de trabajo.
Con fuerte incidencia del petróleo en la matriz económica, los diferentes sectores estiman que orientar hacia el gas no convencional podría ayudar a mantener ciertos niveles de actividad y empleo. Si los esfuerzos binacionales conjuntos en el extremo sur del mundo lograrán masa crítica para un desarrollo a gran escala es una incógnita. Ahora, como fue el caso neuquino y rionegrino, el fracking en Santa Cruz ingresa en un contexto de debilidad. Por un lado, por la alta dependencia económica sobre el sector, donde se limita el alcance del debate político y sobre rol del Estado, que actúa casi como “gestor de crisis". Por otro, si bien está por verse, el poder de decisión se concentra en pos de “decisiones rápidas" y “efectivas". En estos procesos, los costos y escenarios alternativos muchas veces no son tenidos en cuenta o siquiera discutidos. Puntos que, a la luz de los claroscuros de Vaca Muerta y su limitado alcance de “salvación productiva", deberían ponerse sobre la mesa.

Lonkos de la Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén realizaron a fin de mayo una manifestación en las puertas de la empresa YPF en Neuquén capital. Las comunidades expresaron su preocupación ante la posibilidad de ser reprimidas.

En el período 2003-2015 la economía argentina pasó por una de las etapas de mayor crecimiento económico de su historia,cuando el PBI alcanzó un aumento anual promedio del 4,5%. Sin embargo, no todos los sectores de la economía fueron un espejo de tal expansión: las empresas prestadoras de servicios públicos fueron de las grandes perdedoras a raíz del congelamiento tarifario. La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, sancionada en el año 2002, les impidió ajustar sus tarifas, ya sea en relación al dólar u otras monedas o en función de la evolución de índices de precios de otros países. Los aumentos quedaron supeditados a las autorizaciones que se negociaron con el gobierno, donde no se alcanzaron ajustes que estuviesen en línea con la evolución de otros precios de la economía: dólar y salarios.
De esta forma, Metrogas, la distribuidora de gas natural por redes más grande de la Argentina actualmente controlada por YPF, tuvo pérdidas económicas durante todo el período, acorde con la realidad de su sector. Pero el desequilibrio económico-financiero de la empresa comenzó a revertirse con el cambio de gobierno nacional en dos momentos claves (ver gráfico). El primero, cuando Macri ganó las elecciones y los inversores bursátiles se anticiparon al tarifazo y compraron acciones de la empresa. El segundo gran aumento se dio a comienzos de este año, donde el gobierno aplicó la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que desde hacía tiempo la empresa venía solicitando que se realice. Mediante la RTI, se cuenta con un marco institucional para evitar que las tarifas queden atrasadas al establecer adecuaciones semestrales de las tarifas a cobrar. El último balance de Metrogas confirma el cambio de la situación económica-financiera de la empresa. Mientras que en el primer trimestre del año 2016 la empresa obtuvo una pérdida de $586 millones (todavía no estaba vigente el incremento de tarifas), en igual período del año 2017 la empresa registró ganancias por $517 millones.
Metrogas es un caso testigo del viraje que se produjo con respecto a la situación de las prestadoras de servicios públicos y otros eslabones del megaproyecto Vaca Muerta. Situación que configura ganadores y perdedores. Porque en definitiva las garantías tarifarias a los actores empresarios implican una restricción del derecho de la ciudadanía al acceso a la energía.

La empresa YPF cuenta con varios reclamos y procesos judiciales abiertos por violación a las reglamentaciones ambientales.En el anexo 4.18 del contrato firmado con Chevron se detallan seis de estos reclamos: por incumplimiento en los cuidados para la extracción de tierra con contenido de hidrocarburos, denuncias por derrames de condensados con su posterior contaminación de tierra y agua potable, e incidentes en los pozos. También se hace mención a distintas resoluciones que van desde la obligatoriedad de realizar trabajos de saneamiento y bioremediación hasta multas de US$100.000 dólares.
Además, detalla que existen cuatro causas judiciales abiertas. Dos son de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), cuyo monto supera los US$547,8 millones. Otra es la iniciada por la Confederación Indígena de Neuquén por US$457 millones (US$150 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios y US$307 millones en concepto de gastos de saneamiento estimados en el área). Por último, especifica una causa por daño ambiental iniciada por una familia particular.
El discurso de “fracking seguro", sostenido por YPF, elude las causas judiciales de contaminación y afectación, las cuales solo son una señal de los costos ocultos de esta industria.

Aumentan las tensiones en el proyecto Vaca Muerta, los intereses económicos de distintos sectores intervinientes se ven afectados al calor de la puja. El Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados y Senador Nacional Guillermo Pereyra está nuevamente envuelto en un escándalo que trasciende sus funciones, y deja al descubierto que utiliza su poder sindical para llevar adelante negocios personales. El diario Río Negro realizó distintos informes de los negocios vinculados al líder sindical, el último pone a la luz lo ya expresado por OPSur: la empresa Real Work, encargada de las mantas oleofílicas, factura millones de pesos a YPF. El servicio principalmente es del primer play de no convencionales a escala masiva en Loma Campana, donde estos pañales petroleros fueron colocados al momento de realizar los más de 470 pozos. Las comunidades mapuches denunciaron que las mantas son contaminantes. Las comunidades de Plaza Huincul lo hicieron por la quema a cielo abierto y el hedor de las plumas de pollo al descomponerse. Si bien los informes ambientales de YPF y el INTI son muy críticos, los pagos por el servicio siempre fueron abultados. Las leyes y la aplicación de las misma le dieron el monopolio durante años, pero parece que algunos de los favores recibidos también entraron en el plan de ajuste de la compañía y dejaron de ser secretos. Tras la publicación la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público de Neuquén comenzó una investigación de oficio para determinar si fueron cometidos “los delitos del Código Penal: extorsión, chantaje, estafas, defraudaciones agravadas, asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, cohechos y tráfico de influencias, presentación u ofrecimiento de dádivas, malversación culposa y fraudes al comercio y a la industria." En contrapartida el Sindicato de Petroleros de Colombia recorrió la zona en el marco de las Jornadas internacionales Megaproyecto Vaca Muerta: el fracking y sus consecuencias, y mostró el compromiso de los trabajadores con el ambiente. De esta manera expresaron sus argumentos para rechazar al fracking.