NÚMERO 
​19​
- JUNIO 2018
Enlace por laJusticia Energética y Socioambiental El fracking en debate
Tras importantes cambios en el equipo económico, el ministro Juan José Aranguren fue desplazado de su cartera al término de la reunión de Ministros de Energía del G20. En ella el funcionario había ratificado su política energética. Desde octubre de 2016 disminuyó paulatinamente los subsidios, dolarizó las tarifas, liberalizó el mercado de combustibles y fijó una dura senda de aumentos semestrales del precio del gas para llevarlo de 1,25 a 6,8 USD/MmBTU. Estas medidas, sumadas a una aceleración de la devaluación en los últimos meses (casi 60% en 2018), golpearon fuertemente la imagen gubernamental, empujando al Presidente de la Nación a vetar una ley que retrotraía los aumentos de tarifas a 2017. Según trascendió, el sucesor de Aranguren, Javier Iguacel (ex Pluspetrol, que estaba al frente de Vialidad Nacional), tendrá como objetivo mitigar el daño político que ocasionó la liberalización del sector. Un equilibrio difícil de concretar sin modificar los lineamientos generales de la política energética, en parte reafirmados en la carta de intención del acuerdo con el FMI; en la que el gobierno se compromete a “aumentar la proporción del costo de producción [...] cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para la electricidad”. Entre los objetivos de Iguacel se encontrará aumentar las tarifas y, en simultáneo, salvaguardar la imagen presidencial, que ya empieza a enfocarse en las elecciones de 2019. Queda por verse si podrá legitimar socialmente los aumentos planificados y la liberalización energética o si, en busca de consenso, los imperativos electorales lo empujarán a realizar cambios sustanciales en la política energética mantenida por Aranguren. Esperamos sus comentarios. Hasta el próximo envío.

ENGLISH

The dismissal of the Argentinean Energy Minister Aranguren has left it`s replacement with a difficult task: enforcing rises in energy bills as according to the letter to the IMF, but at the same time not hurting the government´s reputation. Meanwhile, state companies continue to be emptied andslowly replaced by private-owned parties, not only in oil and gas industry, but also in banks. Also, the biggest toxic waste management landsite in northern Patagonia has been asked to repeat it´s environmental impact studies.

Los números del fracking - Economía

El repliegue de las compañías nacionales en favor de las privadas

Los grandes ganadores del esquema vigente se encuentran en la energía y las finanzas. En ambos sectores el Estado Nacional posee el control de los mayores actores: YPF y el Banco de la Nación Argentina (BNA). Analizando el comportamiento de estas sociedades encontramos fuertes similitudes entre ambas. Hace unos años se constituyeron en líderes sectoriales que determinaron las principales características de los mercados en los que se desarrollaban. El BNA lideró el proceso de financiamiento de las actividades productivas, en tanto que YPF encabezó la estrategia de autoabastecimiento energético. Sin embargo, en los últimos años se produjeron importantes transformaciones. El BNA perdió su centralidad en el sector financiero y se encuentra atravesando un proceso de fuerte descapitalización que implicará la pérdida de hasta un 20% de su capital según la ley de presupuesto de 2018. YPF, por su parte, encabezó el proceso de desinversión del año 2017 y fue perjudicada por la nueva ley que promueve la producción no convencional en nuestro país. El lugar perdido por estas compañías está siendo ocupado por las grandes empresas privadas. En el sector financiero bancos como Santander, Galicia, BBVA o HSBC continúan incrementando sus tasas de ganancia. En el sector energético se produce un fuerte proceso de concentración en los distintos eslabones (Grupo Pampa, Pan American Energy Group, Desarrolladora Energética S.A.) en tanto que el terreno cedido por YPF en la producción de no convencionales es aprovechado por Tecpetrol, una subsidiaria del grupo Techint. De este modo, las gigantes estatales se ponen al servicio de la acumulación privada en los dos sectores estratégicos del esquema económico: una novedosa forma de re-privatización en la cual no hace falta cambiar la titularidad de las empresas estatales para que su actividad sirva para garantizar ganancias extraordinarias al capital privado.
   

Vivir Vaca Muerta

Por irregularidades, sugieren nueva audiencia pública para el basurero de Catriel

La Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la resolución 4248/17 en la cual ratifica que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Crexell Soluciones Ambientales no cumple los requisitos mínimos que exige la Ley General de Ambiente y la Constitución Nacional. El documento señala que debido a una serie de irregularidades técnicas se debería invalidar todo trámite. Firmado por el subsecretario General de la Defensoría del Pueblo Juan José Dockel, el organismo propone que el proceso debería realizarse nuevamente para garantizar el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana. Esta sugerencia deja una vez más expuesta la cuestionada gestión de Dina Migani al frente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable rionegrina. En 2016, Crexell Soluciones Ambientales inició los trámites para la instalación de una planta de tratamiento de residuos hidrocarburíferos en cercanías de la ciudad rionegrina de Catriel. Con varias irregularidades y algunas dificultades para acceder a información, en marzo del 2017 se realizó la audiencia pública, con críticas muy fuertes al proyecto. La Asamblea Socioambiental de Catriel, junto a otras organizaciones e instituciones, como el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), cuestionaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado. Durante el 2017 se reformuló la Carta Magna de la ciudad y los y las convencionales presentaron un proyecto de prohibición de esta actividad por considerarla contaminante, cuya validez comenzaba a regir desde enero del 2018. En noviembre del 2017 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo de Dina Migani aprobó el proyecto de planta de tratamiento y lo publicó en el Boletín Oficial en diciembre. El cuestionado proyecto todavía persiste, desoyendo el rechazo popular y los cuestionamientos técnicos que se le han realizado.  

Vinculos

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elaboró un informe completo sobre los subsidios a los combustibles fósiles en la Argentina.

El Observatorio de la Deuda Global (ODG) de Cataluña elaboró este video explicando que e
​l
gas natural no es un combustible de transición
​.​


​El último informe de Greenpeace sigue la misma línea y
​
explica por qué
​apostar al gas como energía limpia ​
es una estafa.

Se actualizó la versión inglesa del compendio de investigaciones sobre impactos del fracking a la salud.

Investigadores colombianos debaten sobre la cuantificación monetaria de las externalidades ambientales del fracking.
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