EDITORIAL

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Enmarcada como una de las garantías del nuevo pacto petrolero, la obtención de “paz social” se construye con la ley penal bajo el brazo.En Neuquén, en función de los conflictos mantenidos entre la compañías hidrocarburíferas y el pueblo mapuche, el gobierno nacional ha explicitado el seguimiento del tema por fuerzas federales y de inteligencia. Según una diapositiva filtrada, YPF sostiene que más de 200 pozos han sido detenidos, afectando “a un servicio estratégico de los recursos del Estado” por lo que se constituyen “delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión”. El Ministerio de Seguridad afirmó que se arman comunidades en pos de ocupar tierras destinadas al petróleo y gas, discurso sostenido históricamente por las empresas. Al reafirmar su preexistencia al Estado, tales argumentos han sido rebatidos una y otra vez tanto por las organizaciones mapuche como por diversos fallos judiciales, y el principal reconocimiento está en la misma Constitución nacional.
Por su parte, acompañada por numerosas organizaciones e instituciones, la Confederación Mapuche Neuquina repudió el hecho y señaló que ven con profunda preocupación que el Estado recurra nuevamente a estrategias de criminalización de sus demandas en pos de los intereses extractivos.

En épocas de vacas flacas el ajuste se hace sentir. Los trabajadores del petróleo van dejando su traje de beneficiarios para quedar desarropados.Ya en carácter de afectados, emergen las realidades no reconocidas en tiempos de bonanzas. Ajustes, precarizaciones, malas condiciones de trabajo y altos riesgos laborales son parte de la lucha de intereses cruzados.
Investigaciones realizadas en EE.UU. indican que los accidentes y muertes de operarios del sector es más alta que en cualquier otro segmento productivo. A la inherente peligrosidad de la tarea se le suma la desregulación laboral que se anunciaría con el nuevo pacto hidrocarburífero. Desde principio de año las suspensiones y despidos son la amenaza con que las compañías presionan al sindicato que, hasta el momento, dejó pasar la precarización y el ajuste como garantía de puestos de trabajo. A pesar de mantener cierta “paz social” en uno de los momentos más críticos de la industria a escala global, el reciente anuncio de YPF sobre la baja de 33 equipos y el despido de 1700 trabajadores fue la gota que rebalsó el vaso e impulsó un paro total de trabajadores en la Cuenca Neuquina.

En diciembre de 2016 publicamos el informe económico sobre las transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina, monto que asciende a US$ 21.535 millones entre 2008 y el primer semestre de 2016.
Existen diversos objetivos que sostienen esta política, vamos a destacar dos de ellos. Por un lado, la meta fue sostener un piso productivo. Mientras en 2008 las mismas representaron el 2% de los ingresos totales del sector, el porcentaje creció a medida que los problemas se profundizaron para la actividad (caída del precio internacional, agudización de la restricción externa y crecimiento de la demanda). Es así que, para 2015, llegó a representar nada menos que el 48% de la facturación. En ese último año, las transferencias totales fueron superiores a los 6.500 millones de dólares.

El “riesgo” de una actividad puede ser analizado estadísticamente a partir de la ingeniería de detalle, al medirse como “factor de riesgo” o de “fallas”Por la innumerable cantidad de variables en juego en amplios plazos temporales y escalas geográficas, sería difícil que un geólogo o un ingeniero en petróleo se atreviera a afirmar que existe un riesgo aproximado a cero en la industria hidrocarburífera.
Sin embargo, este tipo de estudios no abarcan todos los posibles riesgos asociados, especialmente cuando no existe un consenso social sobre los niveles de incertidumbre y riesgo. Ante estos escenarios, es necesario que la evaluación de proyectos sea a partir de encuestas de percepción, una metodología que contempla porcentualmente la pluralidad de la población representada: vecinos, vecinas, personas productoras, empresarias, obreros, docentes, ingenieros e ingenieras con habilitación para los Estudios de Impacto Ambiental, militantes, ONGs ambientalistas, funcionarios públicos, etc.
Un relevamiento de este tipo sería necesario para avanzar en la nueva fase de la industria. Por ejemplo, preguntando si se considera más riesgosa la extracción de hidrocarburos no convencionales que los convencionales o si existe un control adecuado por parte del Estado sobre la contaminación del aire. Como un primer aporte en esa dirección, presentamos aquí los resultados de una encuesta realizada a un grupo de “Prestadores ambientales”, especialistas habilitados por la provincia de Neuquén para realizar y presentar estudios de impacto ambiental.

De forma ininterrumpida por casi seis meses, el lof Campo Maripe mantiene bloqueado el acceso a YPF, Chevron y subcontratistas (como Tecpetrol y OPS) en su territorio, que está comprendido en parte por el área hidrocarburífera Loma Campana. La demanda se centra en el reconocimiento territorial y consiguiente proceso de consulta, instancias obligatorias que no se cumplieron en el inicio del proyecto que dura hasta 2048. Como antecedente formal, se encuentra el estudio conducido por el mismo Estado neuquino donde se confirmó la preexistencia del lof. El mismo echó por tierra los argumentos gubernamentales que negaban aplicar los derechos colectivos.
El Estado, en sus contradictorios roles, mientras garantiza la violación a los derechos colectivos, instrumentó diversos beneficios especiales para el proyecto. Bajo esta premisa, la organización OpenOil indagó sobre escenarios productivos del proyecto y, a pesar de la falta de datos que pudieran dar mayores certezas, llega a la conclusión de que únicamente en el escenario original (de precios altos) la viabilidad está garantizada. Entonces, con casi dos años de precios bajos, los pasos dados han sido fruto de la misma inyección de ingentes cantidades de subsidios públicos. ¿Cuántos? Se desconoce.

Transnacionales y Derechos Humanos. Revista 520 de ALAI

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