Boletín 47. Diciembre 2023
Un análisis periódico de la coyuntura hidrocarburífera
Energía: las tensiones abiertas y el cambio de gobierno
Se inicia un nuevo gobierno y una nueva gestión económica y energética. Los precios relativos se moverán y el sistema económico tendrá un nuevo mapa de ganadores y perdedores (o caídos, para utilizar la terminología propuesta por el nuevo presidente). También sufrirán cambios algunos de los principios que rigen las relaciones que tienen lugar en la compleja trama de los mercados energéticos y es allí donde observamos una serie de tensiones que, imaginamos, caracterizarán la nueva etapa.
En primer lugar, vemos una tensión distributiva abierta a partir de los anuncios de terminar con los subsidios estatales. Las tarifas son un vector importante en la distribución del ingreso en la sociedad y el Estado, al cubrir una parte del precio interno de la misma, adopta un rol activo en el conflicto en favor de los hogares.
Por otra parte, este problema se potencia con otra tensión particular por la determinación interna del precio de la energía. Con un mercado abierto al exterior los precios internos se internacionalizan y se autonomizan de los costos internos. La liberalización de los mercados, en un escenario de precios internacionales elevados, genera un beneficio para las empresas exportadoras en detrimento de los usuarios finales y de la actividad económica interna.
Una tercera tensión está asociada al problema externo de la economía y a su funcionamiento. ¿Quién se quedará con los dólares generados por las exportaciones?
Entre el marketing y las promesas incumplidas
El 28 de agosto se cumplieron diez años del acuerdo entre la provincia de Neuquén, YPF y Chevron para explotar el área no convencional Loma Campana. La aprobación legislativa fue el nacimiento formal de Vaca Muerta y dio origen a la era del fracking.
El desarrollo de ese megaproyecto se legitimó con tres promesas: el autoabastecimiento energético, la obtención de divisas a través de saldos exportables y el desarrollo con inclusión en las “provincias productoras”. En aquel entonces, según el Gobierno nacional, la garantía para alcanzar esos objetivos era el control estatal de YPF, dado que aseguraría la “soberanía energética” a la par de los buenos resultados económicos, tanto para el país como para los accionistas de la empresa.