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Con un marzo de protestas la Argentina abrió el año político. Es que a días del paro internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis como todo el globo, el país intenta procesar el reclamo de la multitudinaria manifestación de hartazgo hacia la violencia patriarcal.

Para cerrar el año compartimos el “Informe económico sobre transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina”, donde destacamos cómo y cuánto estimularon a las petroleras el Estado nacional y, tarifazo mediante, quienes usan y consumen energía.

En esta carrera contra el tiempo de visibilizar y problematizar “a costa de qué” se desarrollan las formaciones no convencionales, nuevos insumos se han trabajado en las Jornadas de fracking y la salud.

La construcción diaria de justicia e igualdad en el plano energético debería tener entre sus puntos neurálgicos instancias de decisión colectiva, que sean debidamente informadas, procesos donde se puedan debatir las diversas opciones para tomar una decisión política sobre los pasos a seguir como sociedad.

El acceso justo y universal a la energía es un derecho que garantiza y posibilita la vida digna de generaciones presentes y futuras, tanto por el consumo y producción de fuentes no renovables como por los potenciales impactos.

A pocos días de la asunción, la “emergencia eléctrica” declarada por Cambiemos explicitó su balance y la estrategia que asumiría el nuevo gobierno. En pocas palabras, diagnosticó que la “crisis” se debía a que el sector privado no tuvo interés en invertir por la falta de “tarifas racionales”, acordes a los “costos” reales.

Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES) es una nueva articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina.